POR: EL IMPARCIAL

La admisión del caso implica que la presunta falta es considerada grave, lo que abre la puerta a sanciones como la inhabilitación para ejercer cargo público hasta por 20 años.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inició un procedimiento por faltas administrativas graves contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos el expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, debido a su voto en 2021 para posponer la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el portal de noticias Reforma.

El ejercicio quedó aplazado en su momento por falta de recursos y se realizó finalmente en abril de 2022. Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE sostuvo que la decisión de los consejeros constituyó abuso de funciones, lo que derivó en un expediente formal ante el Tribunal.

¿Quiénes son los consejeros señalados?

El procedimiento involucra a:

  • Lorenzo Córdova, expresidente del INE
  • Ciro Murayama, exconsejero
  • Roberto Ruiz, exconsejero
  • Dania Ravel, consejera en funciones
  • Claudia Zavala, consejera en funciones
  • Jaime Rivera, consejero en funciones

De acuerdo con la normativa, al tratarse de presuntas faltas graves, el TFJA es la instancia competente para analizar el caso e imponer sanciones en caso de que determine responsabilidad.

¿Qué motivó la apertura del procedimiento?

El OIC del INE presentó un informe al TFJA en el que acusa a los consejeros de haber incurrido en abuso de funciones al votar por aplazar la organización de la consulta de revocación en diciembre de 2021.Esta decisión fue tomada con el argumento de insuficiencia presupuestal, luego de que la Cámara de Diputados redujera el presupuesto del INE para ese año.

La apertura del procedimiento quedó registrada en el expediente 1676/25-RA1-01-1, admitido el 11 de noviembre, aunque fue acordado desde el 3 de noviembre por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves. El asunto quedó en manos de la magistrada María Ozana Salazar Pérez, nombrada en 2018 por el expresidente Enrique Peña Nieto.